Fiscal de la Nación denuncia constitucionalmente al presidente Pedro Castillo

Según las investigaciones, el caso Petroperú y el puente Tarata representan agravantes claros para la acusación fiscal

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente al presidente Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal. La tesis fiscal también involucra a exfuncionarios como –el aún prófugo– Juan Silva (exministro de Transportes y Comunicaciones), Geiner Alvarado (exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento) y el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez.

Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), la denuncia se sustenta en los beneficios económicos encontrados en el nombramiento de puestos clave, en el cobro de porcentajes ilícitamente obtenidas y el uso irregular de las facultades presidenciales en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por lo cual, según el MP, existen indicios claros de una presunta organización criminal operando desde Palacio de Gobierno.

Al jefe de Estado se le imputan los delitos de tráfico de influencias, manejo de una supuesta organización criminal y colusión agravada. Según la fiscal Benavides, existe un agravante más pues “la hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”.

Ahora, la decisión está en manos del Congreso de la República. De momento, la denuncia ya fue remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para calificar la admisibilidad, procedencia de la misma y posterior investigación, de acuerdo al artículo 89 b del Reglamento de la institución.

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Antecedentes de la denuncia

De acuerdo con la tesis fiscal, los casos del ‘Puente Tarata III’ y ‘el caso Petroperú’ sirven como precedentes claros. La primera investigación revela el presunto direccionamiento de 232 millones de soles a un consorcio supuestamente contactado por los operadores Zamir Villaverde García y Hugo Meneses Cornejo. Además Castillo Terrones, en el caso también se involucra a Juan Silva y sus sobrinos Fray Vásquez y Gianmarco Castillo.

Mientras que el caso Petroperú involucra el presunto favorecimento ilícito del mandatario hacia el empresario Samir Abudayeh. Pues ambos se reunieron en Palacio de Gobierno previo a firmar el contrato de una obra que involucra la presunta adjudicación irregular de biodiésel B100 por 74 millones de dólares a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO).