El rastro de contaminación de las mineras estadounidenses en Perú
El rastro de contaminación de las mineras estadounidenses en Perú
Las minas explotadas por empresas estadounidenses en Perú han provocado durante décadas una contaminación que ha afectado a las comunidades locales y a los ecosistemas.
En las regiones de Tacna y Moquegua, Southern Copper vertió 785 millones de toneladas métricas de residuos mineros en la bahía de Ite, dañando una zona pesquera crítica.
En Arequipa, el aumento de la producción de la mina de cobre Cerro Verde, de Freeport-McMoRan, ha ido acompañado de multas, sobre todo por el polvo en el aire que ha enfermado a las comunidades cercanas.
El polvo también es un problema persistente en la mina de fosfato Miski Mayo de The Mosaic Company, donde se le culpa de haber acabado con los pastos del ganado y los algarrobos autóctonos.
Por Roberth Orihuela
Este reportaje fue apoyado por el Fund for Investigative Journalist
Edición y publicación en inglés por Mongabay
NELY FLORES LLEVA UNA PALA EN EL HOMBRO mientras camina rápido por la playa. “Antes de que vengan los vigilantes de la mina y nos hagan problema”, dice. Luego de un momento se detiene, señala y agrega con voz fuerte: “Ahí está el humedal y aquí —a solo 20 metros— podemos ver que los relaves siguen a la intemperie, contaminando el mar y a todas las especies que viven en esta zona”. Luego, coge la pala y escarba. De un solo corte saca arena mezclada con tierra con un tono naranja, casi rojizo. Son una mínima parte de los 785 millones de toneladas de desechos mineros que la empresa minera Southern Copper arrojó con total impunidad por más de 35 años en la Bahía de Ite, en el sur-oeste costero de Perú, una zona de pesca importante en el país.
A los pobladores de Ite la minería no les ha traído más que tragedia. Y en otras ciudades peruanas con mineras con capitales estadounidenses, los pobladores temen que esta actividad les deje las mismas consecuencias. En Arequipa, informes de las autoridades ambientales y de salud, advierten que la mina de cobre Cerro Verde —de Freeport MacMoRan Copper & Gold INC— está contaminando el aire y el subsuelo. En el norte, en la región Piura, la mina Miski Mayo, de The Mosaic Company, está afectando a las poblaciones cercanas y la pesca artesanal con la polución provocada por su producción de fosfatos, destinados para el mercado brasileño.
Southern crea un precedente
Registrada en Delaware, Estados Unidos, la empresa minera Southern Copper instaló en la década de los 60’s las minas Toquepala y Cuajone, en las regiones Tacna y Moquegua, respectivamente. Diversos informes muestran que la empresa vertía 119 mil toneladas de desechos mineros al día hacia el río Locumba, contaminando el valle de Cinto y disminuyendo la frontera agrícola en esta zona. Todos estos relaves desembocaban en la bahía de Ite, en el océano Pacífico. Fotos satelitales revelan el avance de los desechos desde 1955, haciendo retroceder más de 1.5 kilómetros al océano y eliminando un islote y tres playas donde la población acudía a bañarse en el verano.
Un estudio realizado por el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y Derechos Humanos (FOCO) en las playas locales encontró una concentración de cobre de 475 mg/kg, 48 veces más del límite que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomendaban para el consumo humano.
Los ingenieros especialistas en gestión ambiental de la Universidad Jorge Basadre Grohmann, Alexander Churata y Wilberth Chambilla, también confirmaron la desaparición de la vida marina, compuesta por crustáceos y peces, a consecuencia de la acumulación de metales pesados, como cobre, plomo, mercurio, zinc, fierro, cadmio, arsénico, cromo, cianuro y muchos otros. Esto debido a que Southern solo aprovechaba el 1% de su producción, vertiendo el resto en forma de relaves hacia el océano.
A pesar de las denuncias de los pobladores, que se acumulaban desde 1972, las autoridades peruanas de fiscalización no actuaron. Solo en 1992, el Tribunal Internacional del Agua inició un juicio contra Southern por los graves cargos de contaminación presentados por autoridades locales y la Contralora Luz Aurea Saenz. Se encontró culpable a la empresa y se determinó que al menos 75 funcionarios públicos incurrieron en corrupción al no aplicar las leyes peruanas por 30 años, favoreciendo a Southern. Sin embargo, la empresa no acudió alegando que dicho tribunal no estaba reconocido por las Naciones Unidas (ONU) y desacreditó a los especialistas que sustentaban la demanda.
Recién en 1994, luego de firmar un acuerdo con el gobierno del exdictador Alberto Fujimori, Southern accedió a construir un embalse de relaves en las alturas de Moquegua, en la zona de Quebrada Honda. Y luego, en 1997, inició las labores de remediación de los pasivos; un proceso que hasta hoy no culmina. Todo a cambio de que sus funcionarios no sean procesados por el delito de contaminación ambiental. Más tarde, en 2015, lograron que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) retire los relaves de la Bahía de Ite de la lista oficial de pasivos ambientales mineros.
Nely Flores —presidenta de la Junta de Usuarios de Ite— y otros pobladores denuncian que la empresa minera no ha cumplido con sus compromisos. Los pasivos persisten en la playas La Meca y Arena Blanca, donde hay también un riachuelo que lleva el agua contaminada hacia el océano. A solo unos metros una pequeña laguna evidencia casi dos metros de altura llenos de relaves acumulados erosionados por las olas del mar. “Aquí nos bañábamos cuando eramos niños. Eran playas concurridas, pero hoy está prohibido acercarse”, dice Javier Carpio, expresidente de los agricultores de Ite. En setiembre de 2022, OEFA resolvió que Southern debía restringir el paso a las playas porque representan “un riesgo a la salud de las personas”.
La empresa —comprada por el grupo México en 2004—, se niega a aceptar el daño y, sobre todo, no quieren hablar de contaminación. “Es un error de interpretación. No es el término correcto. Nunca hubo contaminación. Hablamos de impacto ambiental”, señala Antonio Maldonado, jefe de Servicios Ambientales de Southern en una entrevista con Mongabay. El funcionario acepta que hubo un gran impacto en la Bahía de Ite y añade que no han removido un kilo de relaves, solo han instalado el humedal (con plantas y aves) con el fin de convertir el pasivo en “activo” con fines de conservación natural.
En tanto, en la playa La Meca, Javier Carpio, 68 años,ciego desde 2021 recuerda cuando era joven y acudía a la zona para bañarse y pescar. Tiene una imagen mental de la zona, pero no puede ver el tono amarillo verdoso de la arena, los cilindros oxidándose ni los carteles que la minera ha colocado para evitar que las personas pasen. “Residuo minero – Relave / Prohibido el pase”, dicen.
La empresa ha avanzado en cambiar el aspecto de la Bahía de Ite. Hoy gran parte de las 1600 hectáreas de relaves acumulados están cubiertos de vegetación que Southern plantó en las últimas décadas, como pastizales y “totoras”, sembrados sobre arena y tierra colocada sobre geomembrana. Además hay lagunas artificiales, que han hecho que la zona sea reconocida como el segundo humedal más grande de Sudamérica. “Estamos en un avance de 93%. Aún faltan varios años de intervención para terminar el trabajo”, agrega Maldonado. Pero las imágenes obtenidas con drone para este reportaje demuestran que falta mucho por remediar, incluyendo las playas cargadas con cobre.
El biólogo José Pizarro, de la Universidad Jorge Basadre Grohmann, quién ha monitoreado la labor de Southern en las últimas décadas en la Bahía de Ite,señala que la empresa no deja que se realicen estudios científicos, como de niveles de concentración de metales pesados sedimentados en los humedales y en las aves que viven y transitan por la zona. “Los microorganismos acumulan los metales, luego los peces que se los comen y finalmente las aves. Para ello se tendría que hacer un estudio post mortem para analizar la sangre, suero y plasma de las aves. La minera tampoco deja entrar para verificar el varamiento de cetáceos, que se ha incrementado en la Bahía de Ite. No quieren que se vincule la muerte de las ballenas con la contaminación que han provocado”, explica Pizarro.
De igual manera, una investigación realizada por el ingeniero Pesquero, Cristhian Sánchez Alfaro, entre 2014 y 2015, revela que el molusco Choro que habita en la Bahía de Ite y es altamente consumido entre la población del sur peruano, contiene en su organismo concentraciones de cobre, arsénico y cadmio por encima de los estándares de la FAO y la Unión Europea. Curiosamente, el documento fue eliminado de la base de datos de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, que este año recibió US $ 23 millones por canon minero. En su sustentación, el ingeniero señaló que el consumo de estos moluscos podría provocar intoxicaciones y otros males a futuro en riñones, hígado, y al sistema neurológico.
Sobre la dificultad para realizar estudios científicos serios en la zona, Maldonado niega que hayan puesto alguna restricción. “Tenemos las puertas abiertas previa coordinación. No tenemos ningún problema”, dice.
Finalmente, el último estudio de Monitoreo Ambiental Participativo realizado por la consultora SGS del Perú SAC para Southern en mayo del 2023, advierte que el río Locumba sigue contaminado, con altos niveles de aluminio, arsénico, boro y hierro, que superan hasta en 43 veces los límites máximos permisibles para agua. El río Locumba, que termina en Ite, irriga el todo el valle y asegura el agua para más de 10 mil habitantes en todo su recorrido.
Maldonado asegura que no vierten ningún desecho al río Locumba. Señala que los altos niveles de boro y arsénico se deben a la actividad volcánica y las condiciones de la geografía de los Andes peruanos. Sobre el aluminio y el hierro no tiene explicación. Es más, el funcionario aseguró que no conocía el monitoreo que SGS hizo para Southern. “Tendría que revisarlo”, zanja.
El polvo en el aire de Arequipa
A menos de 10 km de Arequipa, la segunda ciudad más importante del Perú, opera la mina de cobre más importante del país, Cerro Verde. Después de ser comprada en 1994 por Freeport MacMoRan Copper & Gold INC – que hoy tiene 53% de las acciones de la mina- de la Corporación Phelps Dodge, Cerro Verde aumentó su producción por más de 350%
Desde entonces hasta hoy la operación ha cometido 33 infracciones ambientales, según OEFA. Tiene sanciones por no prevenir la filtración de relaves al subsuelo en la poza de relaves ubicada en la zona de La Enlozada. En vez de cubrir el suelo con geotextil y geomalla, solo pusieron un manto de roca granulada, incumpliendo lo que se comprometió en el instrumento de gestión ambiental. Esto, indica la OEFA, está provocando altas concentraciones de sulfatos y cloruros en el subsuelo, contaminando las aguas subterráneas. En su defensa la empresa alegó que la instalación de roca granulada resultaba mejor tecnología que el geotextil. Hasta hoy la poza de relaves sigue filtrando y contaminando el subsuelo.
La empresa fue tambien sancionada y multada en varias ocasiones por no prevenir el levantamiento de polvo causado por la producción, que puede llegar hasta los más de 150 mil pobladores que viven cerca a la mina en los distritos de Socabaya, Uchumayo, Tiabaya, Hunter y Yarabamba.
Los reportes oficiales de la estación de monitoreo de la OEFA, ubicada en el distrito de Socabaya, evidencian que en varias ocasiones se han superado los límites máximos permisibles de Material Particulado PM 10 y PM 2.5. Las consecuencias a largo plazo son enfermedades como asma, males cardiovasculares, dolores de cabeza, reducción de la función pulmonar, fibrosis pulmonar y hasta podría obstruir la circulación de la sangre.
Entre junio y octubre de este año, casi todos los días la estación ha registrado niveles de PM 10 y PM 2.5 que superan el límite máximo permisible para las leyes peruanas, —100 μg/m3 y 50 μg/m3 por día respectivamente— que son más permisivas que los límites de la ONU. Algunas fechas los niveles han llegado hasta los 191 μg/m3 de PM 10 y 124 μg/m3 de PM 2.5.
Para Wendy Ancieta, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el problema real es que las autoridades peruanas no hacen cumplir las normas ambientales. Explica también que se debería capacitar mejor a los funcionarios para mejorar sus capacidades. Y, sobre la mejora en la normativa, para poner medidas más drásticas de fiscalización, señala que es una cuestión de políticas de gobierno.
Respecto a Cerro Verde, el Programa Ambiental de la ONU señala que el límite de exposición a PM 2.5 por día no debería superar los 5 μg/m3, en Perú la norma permite hasta 10 veces ese valor. Si la minera estuviese operando en Estados Unidos con esos niveles de polución, habría sido sancionada casi todos los días del último año, pues allí la ley establece como límite máximo 7 μg/m3 diarios de PM 2.5. Solo en noviembre, el promedio diario de PM 2.5 de la estación de Socabaya fue de 22.35 μg/m3.
Luz Guerra, pobladora del distrito de Uchumayo, se ha enfrentado varias veces con la empresa, incluido por el polvo que se asienta en los hogares del pueblo de Congata. En 2019 junto a otros vecinos solicitaron al municipio de Uchumayo que realice un tamizaje en los ciudadanos, con el fin de descartar males respiratorios y otra afectación al organismo por los metales pesados que pudieran estar suspendidos en el aire y que estarían respirando. El municipio, que recibe dinero de la mina por canon, alegó que no tenía recursos para esto y transfirió el problema a la Gerencia Regional de Salud. Allí ha quedado el pedido.
Además Guerra, ha insistido en conseguir monitoreos realizados por la gerencia regional de Salud en el pueblo de Cerro Verde y que no habían sido publicados antes. Estos revelan que entre el 2010 a 2021 se han superado los límites máximos permisibles de PM 10 anual; que es de 50 μg/m3. Este fluctúa entre 58 μg/m3 y 116 μg/m3. También, en 2018 logró que el Laboratorio de Investigación y Servicios de la Universidad Nacional de San Agustin (Unsa) realizara un estudio en 2018 sobre material particulado PM 10 y PM 2.5 en la misma zona. Se concluye que en los días monitoreados se sobrepasaba los límites máximos establecidos por las autoridades peruanas y también la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.
De acuerdo con los datos de Morbilidad entregados por la Gerencia Regional de Salud para este reportaje, los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) se incrementaron en la población que vive cerca a la mina, en especial desde 2014, cuando la empresa inició expandir sus actividades. Por ejemplo, en Yarabamba, las IRAs pasaron de apenas 29 casos en 2012, hasta 869 en 2016 y 727 en 2019. Solo durante la pandemia del Covid-19 las cifras bajaron debido a la disminución de la atención; pero en 2022 se reportaron 1248 casos de IRAs. En Tiabaya y Uchumayo pasaron de 153 y 421 casos en 2012, hasta los 4046 y 3379 diagnósticos en 2019, respectivamente.
La polución de los fosfatos de Miski Mayo
En la región Piura, al norte del Perú, la empresa Mosaic Company opera desde el 2010 una mina de fosfatos a cielo abierto en la provincia de Sechura. Miski Mayo, la mayor productora de fosfatos en el Perú, exporta mediante buques hacia el vecino Brasil para producir fertilizantes.
El problema, explica Ramón Correa, un ciudadano de Sechura, es que el proceso que utiliza la minera provoca altos niveles de polución. Todo inicia en la mina, ubicada en medio del desierto de Sechura, la mayor planicie del Perú cubierta con árboles de algarrobos que sobreviven a la extrema calor con el agua del subsuelo.
Allí Miski Mayo extrae la roca y tierra que contiene los fosfatos. Luego lavan la materia prima y ese concentrado es transportado por casi 30 kilómetros hacia la zona de descarga al aire libre, ubicada al frente de los pueblos costeros de Playa Blanca y Puerto Rico. Desde allí el fosfato es trasladado en unas fajas por otros cinco kilómetros hasta los hornos que terminan de secar el material. Finalmente, es depositado en grandes tanques, para luego ser enviado al embarcadero de Bayóvar, donde esperan grandes buques cargueros.
En su página web la empresa declara que todas las fases de la producción respetan el medio ambiente evitando que el polvo del fosfato se esparza por la ruta de tránsito. Sin embargo, la realidad es otra. Por ejemplo, los camiones tritrenes (de tres remolques) que transportan el recurso transitan con el techo abierto y con niveles de humedad más bajos de lo establecido por el instrumento de gestión ambiental desarrollado por Miski Mayo. OEFA multó a la empresa hasta por 38 infracciones cometidas.
Las consecuencias de la contaminación han sido la rápida desaparición de pastizales, que los comuneros de la zona de Illescas aprovechan para criar ganado vacuno, ovino y caprino. Manuel Llengue Sánchez, es un ganadero que recuerda cuando el pasto alcanzaba para su ganado, pero debido al polvo que dejan los camiones tritrenes sus animales han muerto. Llengue señala que debido al polvo con fosfatos, el bosque de algarrobos pierde más rápido sus hojas, lo que no permite una buena alimentación de sus animales. Además, la empresa se comprometió a resembrar el bosque de algarrobos que colinda con la carretera por la que se transporta el fosfato, pero no han cumplido con el riego y mantenimiento; lo que ha provocado que los árboles se sequen.
Los cultivadores de mariscos y pescadores artesanales también han denunciado por años que la polución que llega al mar desequilibra el balance del ecosistema marino. “El fosfato provoca que las algas crezcan más rápido y ahoguen a los mariscos y peces. Además, la empresa utiliza agua de mar para sus operaciones y tiene succionadores que se llevan los alevines y huevos de los mariscos y peces. Hemos pedido que se coloquen filtros para evitar este daño. Se ha reducido, pero aún persiste la afectación”, explica Fidel Periche, dirigente de los pescadores artesanales de Sechura. Periche cuenta que cada vez que se carga el fosfato en los buques, se genera gran cantidad de polvo, que cae al océano y llega hasta el Área de Conservación Ambiental Estuario de Virrila, un ecosistema protegido por las autoridades peruanas del que dependen aves, peces y tortugas marinas.
Los pobladores de Puerto Rico —a menos de 2 kilómetros de la zona de descarga del fosfato— cuyos habitantes son casi todos trabajadores de PetroPerú, la empresa estatal que explota petróleo en el país, también se han visto afectados. El exsecretario general del Sindicato de PetroPerú en Piura, Evin Querebalú, señala que denunciaron en varias oportunidades a la empresa por la cantidad de polvo cargado de fosfatos que el viento cargaba en el tramo de sus operaciones. “Llegó una ministra del Ambiente, congresistas y otras autoridades y logramos que se sancione a la mina. El problema es que ninguna denuncia pudo avanzar por el lado judicial. El Ministerio Público archivó las investigaciones. No hemos tenido justicia verdadera. Y mientras tanto seguimos contaminados. Muchos trabajadores se enfermaron con males respiratorios debido a la polución”, asevera Querevalú.
Los pobladores de Sechura temen que Miski Mayo seguirá afectandolos. Luego de varias huelgas en la década pasada, los comuneros lograron que la minera reconozca a la Fundación Comunal de San Martín de Sechura. Esta organización administra el dinero que la empresa entrega como regalías para desarrollar proyectos productivos e innovación. Sin embargo, debido a esto han perdido todo incentivo por denunciar las faltas de la minera. “La premisa es: te damos dinero y nos dejas trabajar tranquilos”, aduce Ramón Correa. Para este reportaje buscamos a los representantes de la fundación, pero ninguno quiso comentar.
En la Bahía de Ite, la población está dividida. Quienes reciben beneficios o trabajan para Southern Copper la defienden e incluso señalan y excluyen a los pobladores que critican o denuncian alguna irregularidad. En Arequipa, hace unos años, cuando Freeport MacMoRan construyó la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada para aprovechar el agua en el proceso de obtención del cobre, los pobladores de Uchumayo denunciaron que sus casas se afectaron por la vibraciones provocadas por el sistema de succión. Hubo denuncias de viviendas a punto de colapsar y otras con paredes y techos fisurados. La compañía ofreció pagos a los propietarios. Solo debían firmar un contrato privado para no volver a denunciar a la empresa. Los que firmaron no pudieron siquiera conseguir una copia de este documento. Luz Guerra también se vio afectada. La casa de sus padres está fisurada por las vibraciones. Intentó llegar a un acuerdo con la empresa, pero le ofrecían solo US $ 3 mil dólares. Se negó a firmar y hasta hoy sigue luchando contra la minera.
DATO
Para este reportaje se solicitó entrevistas con los representantes de las empresas Cerro Verde y Miski Mayo. Ninguna confirmó una entrevista.