Las enseñanzas de Tía María: obstáculos en la búsqueda de justicia para las víctimas
Las enseñanzas de Tía María: obstáculos en la búsqueda de justicia para las víctimas
Entre los anuncios de una posible reactivación del proyecto Tía María, los deudos de los fallecidos durante las protestas de hace una década vuelven a alzar su voz. Sus historias revelan las principales dificultades para alcanzar justicia en casos de presuntas violaciones de derechos humanos durante manifestaciones: falta de recursos, agotamiento físico, deficiencias en la defensa legal y fiscales no especializados.
Por Roberth Orihuela Quequezana
Esta investigación fue elaborada con el respaldo del FOREC – Foro de Reporteras y Reporteros en Conexión, en alianza con IDEA Internacional.
A esto hay que añadirle el abandono del Gobierno hacia las principales necesidades del valle: agua y justicia social. La promesa de décadas de una represa para Tambo es cada vez más lejana y no falta autoridad regional o nacional que no haya alimentado la esperanza una y otra vez sin ningún resultado. Con ella se podría contar con agua suficiente todo el año para la agricultura. Además, el agua del río Tambo está altamente contaminada por metales pesados que provienen de un proyecto minero de la empresa Aruntani, en las alturas de la región Moquegua. Un problema que el gobierno hasta el momento tampoco resuelve, pues también se ha detectado metales pesados en algunos niños del valle.
Mientras, la justicia está cada vez más lejana. Las investigaciones sobre las personas que murieron por proyectiles de armas de fuego de las fuerzas del orden han quedado archivadas. Ninguno llegó a una condena. Incluso se puede decir que han quedado en el olvido de las autoridades de justicia, quienes no han querido entregar información que se solicitó usando la Ley de Transparencia para este reportaje, respecto a los actuados fiscales y las carpetas judiciales. Es más, la apelación ante el Tribunal de Transparencia sigue entrampada desde hace casi tres meses.
Pero estos casos no han sido olvidados en el valle. Allí, en la zona de El Arenal, ubicada en el distrito de Dean Valdivia, incluso existe una plazoleta donde se erigieron tres estatuas que representan a los considerados mártires de la gesta contra Tía María: Aurelio Huacarpuma, Andrés Taipe y Néstor Cerezo. Con el tiempo, estas estatuas también representan a los que murieron en el 2015: Victoriano Huayna, Henry Checlla y Ramón Colque.
Para este reportaje se intentó reconstruir las historias de los tres que murieron en el 2011. Los testimonios de sus familiares, tras trece años de irse, siguen siendo la prueba fidedigna de que la justicia en el Perú aún es lejana para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Pero no se han quedado allí, a pesar de la falta de sus familiares, han seguido adelante con sus vidas y son un símbolo de resiliencia.
Sus historias resultan relevantes ahora, justamente porque la empresa minera Southern Copper pretende iniciar sus operaciones en los próximos meses. Incluso ya realizan trabajos de construcción de cercos vivos en el perímetro de la concesión, con la venia del gobierno de Dina Boluarte y del ahora exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Esto provocó un paro de 72 horas el pasado mes de octubre con enfrentamientos entre los agricultores y la Policía.
Además, las historias de Aureliano, Andrés y Néstor permiten señalar las principales dificultades que tienen los deudos para acceder a la justicia: la falta de recursos para asumir el costo de un abogado que siga el caso ante la fiscalía, el agotamiento psicológico tras años de búsqueda de justicia y la ausencia durante esos años de fiscalías especializadas en derechos humanos.
Falta de dinero y hostigamiento
El día que Néstor Cerezo Patana murió, él estaba protestando en contra del proyecto minero Tía María en las inmediaciones del terminal terrestre de la ciudad de Mollendo, capital de la provincia de Islay, en la región Arequipa. Era el mediodía del jueves 7 de abril del 2011. De repente, la policía empezó a disparar en contra de los manifestantes, según ha quedado registrado en los archivos de la CNDDHH. Una bala le atravesó el cráneo y apagó su vida en el instante.
No tenía esposa ni hijos propios, pero había asumido la paternidad de la hija de su hermana Reyna Cerezo. Néstor, cuenta su prima María Cerezo para este reportaje, tenía 31 años y se dedicaba a la agricultura y la construcción. Unos años antes, Néstor llegó desde la región de Puno en busca de un mejor futuro para él, su hermana y su sobrina. Se instaló en la zona de El Arenal, en el valle de Tambo, y se convirtió en opositor al proyecto de Southern Cooper ante la posibilidad de que sus actividades impacten en el ambiente.
Como la gran mayoría de los habitantes del valle del Tambo, Néstor se unió a las protestas del 2011. Dicho año, el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala había anunciado la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero, a pesar de las observaciones que hicieron los agricultores.
Ellos acusaban, como hasta ahora, que los tajos abiertos Tía María y La Tapada se construirían a menos de 3 kilómetros de distancia del río Tambo. Además, según aseguran, existe riesgo de que el polvo afecte también a la agricultura.
Tras su muerte, el caso de Nestor se archivó sin siquiera diligencias. La hermana de Néstor, cuenta María Cerezo, no pudo seguir el caso porque no contaba con los recursos económicos para pagar abogados que le ayuden a encontrar justicia. Tras la muerte de su hermano estaba sola para criar a su hija.
Pero lo que empeoró su situación fue el presunto constante acoso de la empresa Southern, asegura María. “Todas las tardes y noches llegaban camionetas a su casa a buscarla. La acosaban, le decían que firme, le ofrecían dinero a cambio de no continuar con la denuncia. Algunas veces Reyna y su hija iban a la casa de mi mamá para refugiarse y dormir tranquilas. Después de un tiempo se fueron. Desapareciendo del mapa. Dejó todo y ni siquiera a nosotros nos dijo a dónde iba”, dice María.
En esa época no pudo denunciar porque, según la propia María Cerezo, la Policía no quiso recibir la denuncia de su prima. Como no contaba con celulares con cámaras a la mano, no tiene registros de las presuntas visitas. “Iban casi todos los días. Se cansó. Desde entonces no la hemos vuelto a ver”, cuenta María para este reportaje.
El agotamiento de buscar justicia
Alrededor de las 11 de la mañana, de ese mismo 7 de abril del 2011, murió Aurelio Huacarpuma Clemente. Su viuda Margarita Suni recuerda que inicialmente su esposo no iba a participar de las protestas. Ese día Aurelio acudió a Mollendo para cotizar una obra de albañilería, el oficio principal al que se dedicaba. Como no había transporte por el paro, se subió a una movilidad que llevaba manifestantes desde el valle hacia Mollendo. Por ese motivo, al llegar, también se unió a la protesta.
Poco después de bajar del vehículo, los policías asignados a la terminal terrestre de Mollendo empezaron a disparar, según quedó el reporte de la CNDDHH. Una bala impactó en el pecho de Aurelio por el lado de la axila izquierda y le perforó un pulmón y el esófago, precisa el informe. Debido a los bloqueos y la presencia de la Policía, la ambulancia que debía asistirlo y llevarlo hacia el hospital más cercano no logró pasar. Por esa demora, cuando llegó al hospital, los médicos no pudieron hacer mucho y solo constataron la muerte del obrero.
Margarita, las manos contraídas por el avance de su artritis, cuenta que Aurelio dejó la casa donde vive construida en casco rojo. La había erigido con sus propias manos y con ayuda de sus hijos, pero no pudo terminarla. “Luego de algunos años mis hijos la terminaron. Le pusieron ventanas, puertas y la pintaron”, añade desde la puerta de su casa.
Aunque aceptó conversar para este reportaje, dice que ya muchos periodistas la han entrevistado en el pasado pero nunca ha visto resultados. Para ella y sus hijos —hoy mayores— no hubo justicia ni mucho menos indemnización.
Tres días antes de la muerte de Néstor y Aurelio, el 4 de abril del 2011, Andres Taipe se encontraba entre los manifestantes cuando las protestas empezaron a ponerse cada vez más peligrosas y terminaban en batallas campales entre agricultores y policías. Una bala le entró por el pecho y le perforó un pulmón, según el reporte de la CNDDHH. Murió pocas horas después.
Su hermano Beto Taipe recuerda que Andrés trabajaba como jornalero para pagarse su educación. Eran huérfanos desde muy pequeños y, a sus 22 años, Andrés estaba tratando de terminar la secundaria con el sueño de estudiar una carrera técnica. Por su juventud, Andres no tenía familia, pero sí muchas ganas de salir adelante.
“Y cuando iniciaron las protestas Andrés iba siempre. Porque quería proteger el valle, la agricultura, y porque quería ayudar en la lucha. Como era joven iba adelante”, cuenta Beto. Tras la muerte de su hermano, Beto, que trabajaba en una mina informal en Ayacucho, volvió para enterrarlo y se quedó en el valle del Tambo.
“Nosotros nos criamos aquí. Nuestros padres murieron cuando éramos niños y siempre nos cuidamos. Salimos adelante juntos. Cuando volvía de la mina, Andrés me animaba a quedarme. Cuando murió, ya no quise irme. Aquí me he quedado”, añade Beto, quien ahora se dedica principalmente a la construcción. Pero también, a veces, cuando el trabajo escasea, acude a la agricultura que siempre brinda trabajo y alimento.
Beto cuenta que al principio, durante la investigación y cuando se realizó el control de acusación por el caso de su hermano, viajaba hacia Arequipa para acudir a las audiencias. Sin embargo, sus recursos eran limitados y no pudo viajar más. Con el tiempo, tuvo que abandonar toda esperanza de justicia porque tenía que ocuparse de su familia.
Dificultades en la defensa legal
Tras la muerte de estos tres agricultores, la fiscalía inició las investigaciones. Aunque no fue de inmediato, sino luego de la presión de la población y de organismos internacionales y de protección de derechos humanos, como la propia CNDDHH.
Esta última institución contrató al abogado René García para que se encargara de los casos de los muertos en Arequipa, aunque solo pudo llevar adelante los casos de Andrés Taipe y Aurelio Huacarpuma. En el caso de Néstor Cerezo, su hermana desistió porque desapareció del mapa.
De acuerdo a los archivos periodísticos, García no tuvo éxito en el juzgamiento de los policías que dispararon. Aunque inicialmente se pudo identificar a los presuntos autores, los casos de Aurelio y Andrés resultaron archivados.
En el caso de Aurelio Huacarpuma, inicialmente la fiscalía puso bajo sospecha al suboficial PNP Ramiro Heyggen Chota como presunto autor del disparo. El despacho del fiscal Álvaro Torres confirmó que el proyectil encontrado en el cuerpo de Aurelio era de un arma policial, y diferentes testigos señalaban a Heyggen. Sin embargo, finalmente, el fiscal consideró que las pruebas no eran suficientes ni contundentes. Por ese motivo, Torres pidió el sobreseimiento del caso, lo que fue aprobado en 2022.
En tanto, el caso de Andrés Taipe tuvo un final similar. El abogado García acusaba al efectivo policial Eder Pastor Blanco. Pero, debido a la falta de pericias y de pruebas contundentes que lo señalen como el autor del disparo que mató a Andrés, la Corte Superior de Justicia de Arequipa lo absolvió del presunto delito de homicidio simple en 2017. El caso pasó a la Corte Suprema. La última noticia es del año 2019, cuando el abogado anunció que estaba por emitirse la sentencia.
El hermano de Andrés, Beto Taipe, cuenta que hace varios años que no tiene contacto con el abogado René García. Luego de la sentencia en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Beto se desinteresó por continuar, sobre todo por los costos y el tiempo que ya había pasado.
Tras el archivamiento de los casos, el exdirigente Justo Centeno, del Frente Cívico del Valle de Tambo, intentó enviar una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para ese momento René García ya había abandonado los casos y acudió con otro abogado. Sin embargo, el texto estaba tan mal redactado por el nuevo abogado que no lo envió. Luego, cuenta, enfermó y ya no pudo continuar.
Ha pasado tanto tiempo que los pocos documentos que tenía guardados los extravió en una mudanza. “El abogado (René García) tenía todo. Pero tampoco nosotros sabemos dónde está o qué es de su vida. Nos enteramos que estuvo involucrado en un caso de tráfico de terrenos. Él es el único que tenía todo”, añade Justo sentado en su tienda ubicada en el distrito de La Punta de Bombón.
De acuerdo con los familiares, ellos tampoco insistieron porque, además del tiempo que se perdía en las diligencias, aseguran que debían pagar ciertos honorarios al abogado por su trabajo. Y no contaban con los recursos suficientes. Margarita Suni, viuda de Aureliano, cuenta que la última vez que pidió actualización sobre el caso de su esposo en la fiscalía fue el año pasado. La señorita que la atendió le dijo que intentaría buscar su expediente, pero no volvió.
Para conocer el desenlace de los casos de Aurelio Huacarpuma y Andrés Taipe, buscamos al abogado René García en su oficina, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. Pero está no habido a raíz de, efectivamente, su implicación como supuesto brazo legal de una organización criminal, que se dedicaba al tráfico de terrenos. Tampoco lo encontramos en su antigua oficina, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa.
Insuficientes fiscalías de DD.HH.
El saldo de las protestas contra el proyecto Tía María en el valle de Tambo, entre los años 2011 y 2015, fue de seis muertos civiles y un policía. Además de cientos de heridos tras más de una década de intermitentes paros ocurridos hasta el 2019. Sin embargo, en ninguno de los casos se pudo determinar y sentenciar a los asesinos de los manifestantes. En otras palabras, los deudos no recibieron justicia.
Al respecto, el exdirigente del Frente Cívico del Valle de Tambo, Justo Centeno, denunció para este reportaje la falta de entereza del Ministerio Público para dar con los culpables de los asesinatos. Señala que a pesar de que existían pruebas y peritajes de quienes dispararon en algunos casos, la fiscalía no los hizo valer.
Los motivos principales de estas deficiencias, explica Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, son dos: el primero es la falta de fiscalías especializadas en casos de derechos humanos; y el segundo es que los fiscales a cargo de las investigaciones se concentraron en buscar al autor mediato, en lugar de apuntar a los jefes policiales que daban las órdenes.
Pérez advierte la falta de fiscalías especializadas en casos de derechos humanos durante las protestas del 2011. En esos años, a pesar de que se conocía de su necesidad, aún no se implementaban y menos en regiones. En el caso del valle de Tambo, los casos cayeron en fiscales penales provinciales, como es el caso del fiscal Alvaro Torres, quién llevó los casos de los muertos durante el 2011.
El trabajo de Torres estuvo enfocado en dar con los policías que dispararon. Algo difícil, considerando que casi no se pudieron recolectar pruebas como los casquillos de las balas, las armas o estudios de balística. Debido a esto, los efectivos acusados no pudieron ser procesados y los casos se archivaron.
Sin embargo, apunta Pérez, el fiscal pudo concentrarse en señalar la responsabilidad de los jefes policiales. “Es así cómo trabajan las fiscalías especializadas en derechos humanos. Por eso están consiguiendo avances importantes”, añade, en referencia a las recientes investigaciones sobre los muertos durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
Pérez explica que si bien antes existía una fiscalía especializada en derechos humanos, esta no tenía recursos y se concentraba en la capital, sin oportunidad de ver los casos que ocurrían en otras regiones. Recién, luego de las protestas contra el expresidente Manuel Merino que dejaron dos muertos, se impulsó la implementación y descentralización verdadera de estas fiscalías especializadas.
“Se trata de un problema institucional”, indica el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz. El especialista explica que, por muchos años, la estadística mostraba que los casos que se abrían por muertes durante protestas sociales terminaban en nada. Esta situación se repitió en decenas de casos, como con los agricultores asesinados en el valle de Tambo.
“Esto es una muestra de que la fiscalía no tenía voluntad institucional de verdadero esclarecimiento de los hechos; o, teniendo la voluntad, no tenía recursos. Además, la Policía no daba información lo que provocaba impunidad en los crímenes”, añade Rivera.
En la actualidad, la línea de investigación de estas fiscalías especializadas no solo se concentra en buscar al autor directo de los disparos o la agresión, sino también en procesar a los jefes policiales.
“Hay que descartar la idea de que los disparos de los policías se realizan de manera aislada. Ese asunto está categóricamente descartado. Todos los actos de represión en una protesta son decisiones de los jefes superiores. Mucho más el uso de armas de fuego, sean de perdigones, proyectiles, bombas lacrimógenas. Eso no se le ocurre al policía sino que es eso es idea de un jefe policial”, agrega Rivera.
Dirigentes perseguidos
El último motivo por el que la población de Tambo no confía en la justicia es que el Ministerio Público no puso énfasis en investigar a los jefes policiales, pero sí para perseguir judicialmente a sus dirigentes, criminalizar a los manifestantes, e incluso lograr sentencias contra algunos de ellos.
Luego de las protestas del 2015, el Ministerio Público inició procesos judiciales contra un grupo de manifestantes contra el proyecto minero. En ese entonces, el abogado Héctor Herrera se hizo cargo de su defensa legal, y en muchos casos sin cobrar un sol. Asegura para este reportaje que logró la libertad de 190 agricultores procesados. De acuerdo con Herrera, incluso se demostró en algunos casos que la Policía sembró pruebas a los procesados.
El mismo Herrera fue investigado y procesado por el Ministerio Público. Lo acusaban, junto a los dirigentes del Valle de Tambo, de ser el brazo legal de una organización criminal que causó estragos en las vías del valle. Sin embargo el caso no prosperó; al menos contra Herrera.
En cambio, la fiscalía continuó otros procesos legales contra otros dirigentes. En febrero de 2022, se confirmó la sentencia contra Jaime de la Cruz Gallegos, exalcalde de Dean Valdivia, y Julio Cornejo Reynoso, exalcalde de Cocachacra. Ambos fueron condenados por los delitos de motín, disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos.
Las penas contra ellos fueron de 12 y 7 años respectivamente, además del pago de una reparación civil por S/ 35 mil para Cornejo y medio millón de soles para De la Cruz. Este monto debe pagarse en forma solidaria con Pepe Julio Gutiérrez, otro dirigente sentenciado pero por tentativa de extorsión en contra de la empresa minera Southern Copper.
En su momento, el abogado David Velazco de FEDEPAZ, entidad que asumió la defensa de los dirigentes De la Cruz y Cornejo, calificó la sentencia como arbitraria. Señaló que la sentencia alegó “coautoría no ejecutiva”, lo que permite condenar a una persona sólo por ser dirigente porque si se cometen disturbios dentro de las movilizaciones, la responsabilidad recae en los organizadores.
El abogado recalca que esto es contradictorio a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020, que señala que “si se produjesen actos de violencia en una protesta, no se puede denunciar a todos de manera indiscriminada, se tiene que abrir una investigación para establecer la responsabilidad de tipo personal”.
El abogado Herrera explica que la sentencia contra los dirigentes es injusta pues a ninguno de ellos se les vio lanzando piedras ni bloqueando vías, ni mucho menos causando disturbios o interrumpiendo los servicios públicos. “Es claramente la criminalización de la protesta”, acotó.
En tanto, el director de IDL, Carlos Rivera, añade que la decisión de priorizar las denuncias contra los dirigentes fue institucional por parte de la fiscalía. “Todo son decisiones institucionales. Se pusieron de lado del Estado. Vamos a reprimir a los manifestantes y sus líderes. Y les abrieron carpetas”, explica.
La esposa de Jaime de la Cruz, María Cerezo, asegura que él no participó de las protestas. “Mi esposo sufre de diabetes y tenía una herida profunda en un pie producto de la mordedura de un perro. Pero eso no le importó a la fiscal, quien incluso durante el juicio dijo que si estaba tan mal y que si la herida no curaba, mejor le amputen el pie. Eso fue impactante para mí”, contó en el patio de su casa, ubicada a la salida del distrito de Dean Valdivia, en la zona de la Curva.
Allí al frente es donde los pobladores bloqueaban las vías, dice la fiscalía, con la venia de Jaime de la Cruz.
Hoy el dirigente está recluido en el penal de Socabaya. Para este reportaje solicitamos una entrevista presencial con De la Cruz, a través del área de prensa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Aunque en un primer momento señalaron que sí sería factible, pues se contaba con la aceptación del propio dirigente, esta no se concretó.
El temor, dijeron extraoficialmente fuentes del INPE, es que De la Cruz hable sobre su sentencia y denuncie los presuntos abusos que se cometieron en su contra; en un contexto, según aseguran, en que el dirigente tendría aspiraciones políticas para volver a ser alcalde de Dean Valdivia.
Aunque existía la posiblidad de hacer la entrevista por teléfono, el dirigente tambeño teme que se tomen represalias en su contra y le corten algunos beneficios, como las llamadas o las visitas de sus familiares.
Para este reportaje también se solicitó al Ministerio Público y al Poder Judicial, usando la Ley de Transparencia, los expedientes de las investigaciones y los archivos de los procesos judiciales. En todos los casos fueron negados, alegando que se trata de información sensible y bajo la protección de datos personales. Esto a pesar de que la ley señala que los casos de violación de derechos humanos son de libre acceso a la población.
Apelamos ante el Tribunal de Transparencia, pero hasta el momento no obtuvimos una respuesta. Esta entidad señaló que, debido a la sobrecarga procesal, las respuestas podrían demorar, pero ya han pasado más de dos meses.
También intentamos entrevistar al fiscal Alvaro Torres, de la fiscalía Penal Provincial de Islay, sobre sus diligencias en torno a los casos. Sin embargo, Torres dijo que no tenía permiso para declarar a la prensa. Es más, argumentó que por el tiempo ya no recordaba bien los casos.
De igual forma solicitamos comentarios de Southern Copper sobre las investigaciones y procesos judiciales descritos en el reportaje, pero la empresa no hará “ningún pronunciamiento al respecto”.
Las enseñanzas de Tía María:
obstáculos en la búsqueda de justicia para las víctimas
Texto y fotos: Roberth Orihuela
*Con fotos de diario La República
Edición: Ernesto Cabral
Coordinación general: Jonathan Castro
Esta investigación fue elaborada con el respaldo del FOREC – Foro de Reporteras y Reporteros en Conexión, en alianza con IDEA Internacional.
Los contenidos de este reportaje son responsabilidad de los periodistas y entrevistados y no necesariamente reflejan el punto de vista o posición de IDEA Internacional.
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