Como parte del Programa Institucional "Configuración y Ejercicio del Poder en el Perú en el siglo XXI" del Instituto de Estudios Peruanos, se realizó la mesa verde con el doble propósito de renovar un balance conceptual sobre el poder pero también revisar el debate sobre el poder a través de los estudios que se han hecho en el Perú en los últimos años.
En América Latina existen deficiencias en el poder que se reflejan en las instituciones débiles. En la región, los grupos poderosos prefieren mantener el estatus quo (es decir, como estaba la sociedad en determinado momento, ya sea política o económicamente) mientras que una minoría desea cambiarlo.
Es así que, la relación entre la política y el poder responde a una estrategia controladora, de acuerdo a la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, María Victoria Murillo.
Para la experta, los personajes con poder en el Estado aplican mecanismos para definirlo y controlarlo. Si bien las instituciones débiles en Latinoamérica no concentran el poder, sí implementan medidas que podrían establecer leyes o dictámenes a su favor(de quienes ejercen el poder) tanto a corto como a largo plazo.
Las leyes aspiracionales
Según Murillo, una estrategia muy común para manejar el poder en América Latina es generar leyes aspiracionales. Es decir normas cuya realización no se cumplirá inmediatamente pero se espera que se lleven a cabo en el futuro.
Estas son redactadas por personajes con poder político mas no con poder de facto (poder económico o social que permitiría establecer sistemas burocráticos para su ejecución).
Dicho mecanismo no garantiza la aplicación inmediata de la ley pero sí marca la cancha para que, en un futuro, esa norma pueda ser efectiva. Cabe resaltar que el resultado de las denominadas “leyes aspiracionales” puede variar con el tiempo, concluyendo en variaciones positivas o negativas según el contexto social.
En muchas ocasiones, la aplicación de las reglas es selectiva en función a criterios como el lugar en la jerarquía social de los afectados o beneficiarios, el poder económico, sexo, etnia, etc. “Latinoamérica tiene reglas y políticas que suman cierta igualdad, pero el poder económico y social no refleja esas reglas”, indicó la especialista.
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Trampas institucionales
Otra de las estrategias consiste en modificar o implementar multas y/o sanciones triviales a las leyes. Las acciones a tomar ante la falta de estas normativas (como las leyes de cuota o de género) no son sanciones reales que puedan cambiar el comportamiento de los actores. Es decir, desautorizan a las instituciones con esa trampa institucional.
Murillo también menciona que cuando cambia la correlación de fuerzas en países muy expuestos a una volatilidad política y económica, no se adaptan a los nuevos desafíos sociales. Es decir, cuando un nuevo grupo asume el poder no acepta las reglas existentes, sino que intenta modificarlas o escribir nuevas. En este contexto, los actores políticos que buscan consolidarse en el poder, terminan fortaleciendo estructuras débiles con reglas que tienden a fracasar.
Muchas de las estrategias de debilidad institucional están vinculadas a un estado con pocos recursos y que no pueden regularse bien y pueden variar, según el momento. Si un estado fuerte no tiene la capacidad de modificar el comportamiento de los actores políticos puede ser fácilmente debilitado en poco tiempo.
También influye la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias reglas. Si el Estado no cuenta con los recursos para garantizar la ejecución de sus leyes, a largo plazo, también, tiende a debilitarse institucionalmente. En ese escenario para este tipo de estructuras les “es más fácil regular a transnacionales que a mineros artesanales”, ejemplificó la especialista.
La tolerancia estratégica
La tolerancia estratégica sirve para debilitar instituciones. Es decir, en algunos Estados existen leyes que se definen a nivel nacional pero localmente no hay nadie que se preocupe por hacerlas cumplir, modificarlas o para sancionar la ruptura de las mismas. Y mientras no afecte a quien concentra el poder entonces no se modifica nada.
Sumado a esto, la desigualdad socioeconómica en la región latinoamericana no coincide con las promesas de igualdad política. En este sentido, utilizan estrategias para pasar leyes y no cumplirlas o para modificar leyes para cumplirlas a su beneficio.
Además, muchas veces los gobiernos deben complacer audiencias externas. En América Latina los Estados no tienen la capacidad para enfrentarse a factores externos con mayor poder.
Asimismo, leyes enfocadas al medio ambiente, regulación de servicios públicos, entre otras, suelen ser -según la especialista- decorativas y nadie se preocupa por hacerlas cumplir.
Según Murillo, es necesario entender que las instituciones se fortalecen a sí mismas desde el interior y que es más fácil visibilizar el poder cuando existe una disputa sobre él.
En este contexto, un Estado no puede funcionar si sus funcionarios no están dispuestos a aceptar la delegación de poder en el mismo. Los actores que no quieren cumplir su función en dichas instituciones, pueden hacerlo por el simple hecho de tener la capacidad para no hacerlo. En América Latina, siempre se podrá ver esta disputa.
“En general el poder no se ve, el poder en Instituciones fuertes no se ve, se ejerce. Cuanto menos se vea el poder, más se ejerce”.
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