Candia fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de colusión agravada. Esto tras la compra irregular de 40 cámaras de videovigilancia cuando fue alcalde de Alto Selva Alegre en 2008
Omar Julio Candia Aguilar tiene 42 años y está prófugo de la justicia desde el viernes 18 de noviembre de 2022. La Sala de Apelaciones ratificó la sentencia de seis años de cárcel por colusión agravada, impuesta en primera instancia. Esto por la compra irregular de 40 cámaras de videovigilancia cuando fue alcalde de Alto Selva Alegre (ASA).
El colegiado también concluyó -por unanimidad- que existe responsabilidad penal en los ex funcionarios de ASA, Juan José Lipe Lizárraga (exsubgerente de Logística) y Reynaldo Díaz Chilo (exsubgerente de Servicios Ciudadanos). Quienes también recibieron la pena de 6 años de cárcel.
Mientras que, para los empresarios José Luis Ríos Sánchez y Sandro Martínez Sardón, los magistrados los condenaron a 3 años de prisión suspendida, por el delito de colusión simple.
Luego de conocer el fallo y darse a la fuga, Candia emitió una carta a la opinión pública tildando de irregular el informe elaborado por la Contraloría General de la República en el Operativo Misti. Menciona que la comisión auditora cambió las conclusiones según lo manifestado por la ex contralor Gioconda Torres de Bianchini en una conferencia de prensa. En la misiva también niega los hechos que se le atribuyen.
Los hechos
Para el Ministerio Público, Candia actuó en complicidad con Reynaldo Díaz Chilo para direccionar un contrato a la empresa Soluciones Andina. La compañía representada por José Ríos Sánchez, sería la encargada de proveer las 40 cámaras de seguridad por un monto de 2 millones 114 mil 632 soles.
Asimismo, Juan Lipe Lizárraga solicitó la contratación de un consultor para realizar el expediente técnico de la obra. Para ello se presentaron tres personas, Sandro Martínez Sardón (de Podernet), José Ríos Sánchez (de Soluciones Andina) y Juan Rivera García (de la empresa Kroto). A final, Martínez Sardón ganó la contratación.
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Posteriormente, la comuna distrital -a través de Díaz Chilo- recibió tres solicitudes de contrataciones. Kroto negó participar de cualquier tipo de solicitud o cotización. Las otras dos, tenían los mismos datos. En tanto, se supo que Podernet tenía como representante a la esposa de Ríos Sánchez.
Sin contar con el procedimiento anterior, nuevamente lanzaron el proceso. En este, solo se presentó Soluciones Andina que ganó la licitación.
Candia, ¿qué hizo o que no hizo?
El Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales (OSCE) pidió la nulidad del proceso por errores en las bases y la carta fianza de la empresa licitada. Sin embargo, Omar Candia omitió el pedido alegando que desconoce que la revisión de estos era su responsabilidad cuando era alcalde de ASA.
También argumentó que -según la Contraloría- no se podía declarar la nulidad porque el plazo para dicho acto venció. Asimismo, negó la responsabilidad de omitir declarar la nulidad del proceso solicitada por la empresa Elimse. Pues asegura que el pedido nunca pasó por su despacho.
Cabe recordar que Candia es abogado y conoce sobre los procedimientos legales. Es decir, supo del proceso por el cual pasaba la licitación de las cámaras de videovigilancia.
No se hizo nada, y la obra siguió ejecuntándose (pese a las dos licitaciones irregulares).
Cuando las cámaras llegaron…
Pese a que se amplió el plazo de la obra de 3 a 8 meses y se aprobaron seis desembolsos previos en favor de Soluciones Andinas, esta no cumplió con el contrato. La instalación de las cámaras fue entregada 45 días después del plazo establecido. Del total de aparatos, 15 no estaban instalados y 17 no funcionaban correctamente debido a problemas eléctricos.
No obstante, el municipio fue multado con 60 mil soles por utilizar postes sin permiso de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal). Ante esto, Candia mencionó que ningún documento de Seal o del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) fue notificado a su despacho.
El fallo
El Poder Judicial ratificó la sentencia de seis años de cárcel para Omar Candia y Reynaldo Díaz Chilo. Como cómplice figura José Ríos Sánchez, representante de la empresa Soluciones Andinas. Asimismo, el trío está inhabilitado para ejercer cargos públicos por tres años.
Para Juan Lipe Lizárraga (autor) y Sandro Martínez Sardón (cómplice) se les impuso tres años de prisión suspendida y tres años de inhabilitación pública.
Los implicados en el caso tienen órdenes de captura. Y la reparación civil fue fundada por 36 mil 60 soles por daño emergente y 63 mil 60 soles por daño a la imagen institucional de la comuna.
Aún nadie conoce el paradero de Candia y los implicados. Desde la clandestinidad, el exalcalde indica que presentará un recurso que invalide su sentencia.
La policia desplegará sus esfuerzos para encontrar al ‘Chatito’ prófugo y que cumpla los seis años de prisión efectiva. El tres veces alcalde probablemente tenga las patas cortas, pero sigue sin aparecer y cuando lo haga será el fin de los planes de retiro noble de la política que tenía a futuro.
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