De acuerdo con analistas la Ley 31876 buscaba que las autoridades regionales y locales dejaran de ejecutar obras por administración directa por más de S/ 247 mil, y que se prolongaban hasta el triple de plazo e incrementaban su costo en más del 50% inicial.
De acuerdo con especialistas en Gestión Pública, la derogatoria de la Ley 31876, que limitaba el gasto en obras de ejecución directa a solo S/ 247 mil, es un paso hacia atrás en la lucha contra la corrupción enquistada en los gobiernos regionales y locales. Advierten que la norma buscaba terminar con obras que se prolongaban hasta el triple de plazo de ejecución inicial y con sobrecostos de más del 50%. Sin embargo, las autoridades locales de todo el país en complicidad con el Congreso de la República tiraron abajo una de las pocas herramientas que existían para combatir la corrupción en obras públicas.
Ley de la discordia
Esta ley propuesta por la Contraloría General de la República tenía por objetivo mejorar la calidad, reducir los costos y acortar los plazos de las obras ejecutadas bajo la modalidad de contratación directa. Se establecía un límite máximo de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 247,500, para el monto de las obras que podían ser ejecutadas mediante administración directa. Además, prohibía la adquisición de maquinaria y equipos utilizando el presupuesto asignado para la obra.
Según la Contraloría estas disposiciones buscaban asegurar una gestión más eficiente y transparente en la ejecución de proyectos, limitando los gastos y promoviendo la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, La Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) exigieron su derogatoria y amenazaron con marchas hacía el Congreso.
Golpe a la lucha anti corrupción
David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Peruano de la Competitividad (CPC), comentó en el diario Gestión que aunque la modalidad de ejecución de administración directa está destinada para obras de pequeña escala, en la realidad la mayoría de los proyectos se ejecutan bajo esta modalidad. Según Tuesta, estas obras, en promedio, suelen prolongarse por más del triple del tiempo originalmente estimado y enfrentan sobrecostos que superan el 50% del presupuesto inicialmente planeado. Estas cifras subrayan las preocupaciones sobre la eficacia y la eficiencia de esta modalidad de ejecución en el país.
Tuesta además señaló que el escándalo es evidente y que la derogatoria de esta Ley implica permitir que la corrupción continúe prosperando en regiones y municipios. Esto ha quedado demostrado tanto por la Contraloría como por estudios del CPC. Las obras ejecutadas mediante Asignación Directa no sólo concentran inversiones paralizadas, sino también casos flagrantes de corrupción. El especialista también comentó en la red social X, que en última instancia, es el ciudadano quien sufre las consecuencias de esta situación, viendo cómo los recursos públicos se desperdician y los proyectos esenciales quedan estancados, afectando el progreso y el bienestar de la comunidad.
Ley y obras paralizadas
Por su parte, José Carlos Rojas Medrano, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señaló en la revista Ideele un dilema crucial en el panorama de las obras públicas en Perú: mientras las obras ejecutadas por contratación o licitación han enfrentado problemas en términos de plazos y costos, algunos gobiernos regionales optaron por la administración directa para proyectos pequeños y medianos. Sin embargo, esta decisión no está exenta de riesgos, especialmente en la selección de proveedores, donde existe la posibilidad de inflar los precios de los materiales. Además, surge la incertidumbre sobre si los gobiernos locales realmente poseen las capacidades necesarias para ejecutar obras de envergadura media y alta bajo esta modalidad.
Además, el Observatorio Anticorrupción detectó que las municipalidades distritales, provinciales y los gobiernos regionales concentran el 65.5% de los casos de corrupción. Asimismo, se calcula que son más de 400 casos emblemáticos los que están ante la justicia investigando por malos manejos y corrupción, y la paralización de obras sobrepasan las mil. Los delitos que más se repiten y se atribuyen a los gobernadores y alcaldes involucrados son colusión, peculado, negociación incompatible, malversación y cohecho. Durante 2022 la Procuraduría Anticorrupción ha contabilizado 115 carpetas fiscales de investigación por presuntos actos de corrupción contra gobernadores y funcionarios regionales.
Autoridades ineficientes
De acuerdo con Carlos Timana Kure, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo, el problema de porque las autoridades locales están tan poco preparadas, radica en la actitud y percepción de la educación y la capacitación en Perú. Según Timana, muchas personas subestiman el valor de la educación y la formación continua. A menudo, los líderes políticos no consideran necesario invertir en mejorar sus conocimientos y habilidades, lo que lleva a una falta de capacidad en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos. Esta situación se agrava por la falta de exigencia de los ciudadanos hacia los candidatos. Sin la demanda de credenciales y formación, los candidatos pueden evitar invertir en educación y, en su lugar, canalizar fondos hacia campañas electorales, perpetuando un ciclo vicioso de mediocridad y falta de mejora en la gestión pública.
Además el analista político, advierte que la falta de transparencia y la corrupción han llevado a la pérdida de fondos de inversión en contratos mal estructurados, empeorando aún más la situación política y económica. Es esencial un cambio de mentalidad tanto por parte de los líderes políticos como de los ciudadanos para exigir y valorar la educación y la formación continua como requisitos fundamentales para un liderazgo eficaz y una toma de decisiones responsable en el ámbito político y presupuestal.
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¿Problemas con el sistema?
Sin embargo, Wuilber Mendoza Aparicio, exalcalde de Socabaya, no considera que las autoridades locales sean incapaces y la eficiencia de estas no pueden ser evaluadas únicamente a través de las calificaciones superficiales. La ex autoridad asegura que el verdadero problema radica en el sistema.
Durante décadas, el Perú ha enfrentado niveles alarmantes de corrupción, lo que ha llevado a la implementación de sistemas de control como el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para evitar el derroche de recursos en proyectos ineficaces. Sin embargo, la descentralización no ha sido exitosa, y los gobiernos locales a menudo deben solicitar autorización al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ejecutar obras, lo que ralentiza los procesos.
Mendoza además considera que leyes como la 31876 dejaron maniatados a gobiernos locales y municipios y es evidente que los esfuerzos de modernización del Estado y la implementación de políticas a través de acuerdos nacionales y políticas de Estado no están llegando adecuadamente a los gobiernos locales. Según el ex alcalde, esta desconexión entre las iniciativas a nivel nacional y su implementación efectiva a nivel local representa un desafío significativo. La falta de una comunicación efectiva, la coordinación insuficiente y las limitaciones en la transferencia de recursos y conocimientos son factores que contribuyen a esta brecha.
En contraste, Nelson Shack, Contralor General de la República, señala que la corrupción en los gobiernos regionales y locales es un problema grave que tiene implicaciones significativas para el desarrollo político, económico y social. Es esencial abordar este problema para garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos y promover el desarrollo sostenible. La lucha contra la corrupción requiere un enfoque multifacético que incluya una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
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