De los 31 investigados, 14 quedaron en libertad con comparecencia con restricciones
Después de un mes de iniciado el proceso contra 31 detenidos por los conflictos mineros en Caravelí -donde murieron 14 personas- el Poder Judicial dispuso prisión preventiva de 18 meses para 17 de los investigados. Los otros 14 serán investigados bajo comparecencia con restricciones.
La jueza de Investigación Preparatoria de Caravelí, Pamela Suárez Gonzales, ordenó – la noche del 14 de julio- el traslado de los 17 detenidos al penal de Socabaya.
Suárez determinó que “los investigados no tienen un arraigo laboral de calidad. Si bien es cierto tienen una actividad conocida dentro del país, no está perenne en el tiempo (es decir, no tienen trabajo estable)”.
El Ministerio Público los acusa por los delitos de criminalidad organizada, tenencia ilegal de armas, homicidio calificado, lesiones graves y sicariato (en sus distintas modalidades de comisión).
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¿De qué trata el caso?
En las 19 audiencias llevadas a cabo durante el proceso de prisión preventiva, la fiscal de crimen organizado María Cabana Ocsa sustentó que la minera Intigold Mining contrató sicarios para desalojar a los mineros de Calpa Renace (Caravelí). Los investigados Alberth Vilcapuma Aragonez (alias Quaker) y Juan Gabriel Tejada Alonso (alias Popeye) fueron los encargados de captar personal de ‘seguridad’ en Lima para trasladarlos a Arequipa. Esto bajo la orden de la dueña de Intigold, Rossana Calmet.
Es así que el 1 de junio, los antes mencionados junto al personal captado en Lima, llegaron al campamento de Intigold (Atico). Allí se juntaron con otros 30 miembros de la mina y 40 mineros artesanales. Luego se dividieron en dos grupos, posicionándose en los alrededores de los mineros de Calpa Renace (cerro Huanaquita). Es así que a las 5 de la mañana del 2 de junio inician con los ataques que causaron la muerte de 14 personas y 5 heridos.

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¿Quiénes irán a prisión?
La prisión preventiva se dio para Richard Eduardo Bernal Robles, Jean Carlos Picón Albino, Max Robert Sánchez Quispe, Cristhian Rolando López Díaz. También para César Augusto Ruiz Ponce, Andy William Bravo Trujillo, Juan Miguel Manchego Maeda, Albert Josué Vilcapuma Aragonez, Miguel Ángel Montes De La Cruz. Todos ellos detenidos en Caravelí.
Asimismo, para Juan Gabriel Tejada Alonzo, Jesús David Quispe Escobar, Joel John Bayona López, Cliford Mejía Laveriano, arrestados en Atico. Y también para Kevin Billy Tamani Gonza, Christopher Santos Morales Tineo, Yesperson Paitán Castro y Pedro Leonel Flores Neira, quienes fueron capturados en Ayacucho

La magistrada dictó la medida -para los 17 detenidos- debido a la falta de arraigo laboral y la gravedad de la pena solicitada por la Fiscalía (que supera los 4 años de cárcel). Además, por la complejidad de los delitos que se les imputa y la cantidad de investigados, Suarez señaló que “no existe la manera de imponer una medida menos gravosa; es decir, la prisión preventiva para estos investigados si es necesaria”.
¿Por qué liberaron a 14 acusados?
Del total de detenidos, la jueza Pamela Suarez indicó que para 14 de ellos corresponde la libertad con comparecencia con restricciones. Esto porque no registran antecedentes penales en el Sidpol (Sistema de Denuncias Policiales).
En el caso de Melquiades Flores Catura y Carlos Leonardo Lucano (para quienes la Fiscalia si presentó algunas denuncias), las defensas legales de ambos mostraron el certificado de antecedentes penales donde no tienen registro.
En este caso, se dispuso la libertad con restricciones para Yonley Montoya Huamaní, Carlos Augusto Infantes Changanaqui, Alex Frank Guevara Pfocori, Wilinton Saurin Lancha, Roswell Llordan Tuanama Rumay, Juan Carlos Imán Sernaque, Gianmarco Benítez Puntillo, Karim Jaime Brioso Loarte, Melquiades Florez Catura, Edwin Paulo Chávez Chávez e Iván Leo Méndez Contreras, detenidos en Caravelí.
También para Carlos Joel Leonardo Lucano, Jesús Carlos Juan de Dios Villanueva y Richard Oscar De la Cruz Apolinario, arrestados en Atico.

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Restricciones
Para los 14 liberados se ordenó el pago de una causación de 5 mil soles y deberá depositarse al juzgado en el plazo de 10 días hábiles.
Las restricciones que deben seguir son: no ausentarse del lugar que declararon como domicilio, recurrir a todas las diligencia fiscales y judiciales siempre que sean requeridos. Además, no deberán variar su residencia durante el proceso, tendrán que recurrir al juzgado cada 15 días a fin de reportar sus actividades y tienen prohibido acercarse a los agraviados y su entorno familiar.
“En estos casos el juzgado si va a valorar que estos investigados no estuvieron involucrados en delitos o investigaciones; es decir no tienen un conducta reprochable antes de sucedido los hechos. Aunado a que demostraron con documentación dedicarse a una actividad conocida perenne en el tiempo porque sus arraigos laborales datan de fecha anterior”, argumentó la jueza.

La fiscalía aseguró que interpondrá la apelación respectiva. Pues no estan de acuerdo con el fallo emitido por la jueza de Investigación Preparatoria de Caravelí. Esto en el caso de los investigados a los que se les dictó comparecencia restringida.
Mientras tanto, el tiempo otorgado por el Poder Judicial -de 18 meses de prisión preventiva- permitirá al Ministerio Público reunir las pruebas necesarias para probar la responsabilidad penal de los denunciados.
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