La Defensoría del Pueblo visitó 19 de estos establecimientos, encontrándose con situaciones lamentables que perjudican la situación de cientos de niños, niñas y adolescentes
Los Centros de Acogida Residencial (CAR) -antes denominados albergues, según Decreto Legislativo N°1297- son los espacios que brindan protección y atención integral a los niños y adolescentes en situación de riesgo o abandono. El objetivo principal es propiciar su reinserción familiar y social, o bien, promover su adopción.
La Unidad de Protección Especial (UPE) -adscrita al Ministerio de de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)– es quien asigna a los menores en situación de desprotección a los CAR.
La Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, establece que en el Perú existen más de 242 CAR que brindan atención a más de 5 mil niños. La mayoría de estos lugares son dirigidos por instituciones privadas sin fines de lucro y algunas de ellas no están registradas por el MIMP.
La ausencia de un registro y -por ende- la falta de supervisión del MIMP, propició situaciones negativas dentro de los CAR. En setiembre de 2021, ocurrió el fallecimiento de una cuidadora ocasionado por dos adolescentes del centro Santa Isabel (Socabaya). Este año, en el albergue Los Obedientes (Characato), se conoció el ataque sexual y físico que sufrió un niño de 7 años de parte de dos compañeros.
La situación de los CAR de Arequipa
La Defensoría del Pueblo visitó 19 CAR de Arequipa. Los resultados del informe dan cuenta de que los establecimientos viven un panorama dramático. La falta de acreditación, de personal especializado y hacinamiento son algunos de los hallazgos adversos más preocupantes.
Los CAR visitados albergan 348 menores. El 54% (190) son adolescentes de entre 12 a 17 años, el 30 % (106) son niños entre los 6 a 11 años y el 15% (52) es de la edad de 0 a 5. Del total, 71 tienen una discapacidad, también se identificó que estos centros refugian a 5 infantes extranjeros.
De los 19 CAR, 15 son de nivel básico y 4 especializados para niños con alguna discapacidad. Asimismo, 16 están a cargo de una institución privada sin fines de lucro; mientras que, el resto es administrado por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). Estos últimos albergan el 15% de los menores; mientras que los privados refugian al 85%.
Situaciones adversas
Algo preocupante es la acreditación de los Centros de Acogida Residencial ante el MIMP. En Arequipa, 11 de ellos están acreditados y el resto está en proceso.El jefe de la defensoría en Arequipa, Angel Manrique, indicó que la acreditación no debería ser simplemente un documento, sino además un soporte técnico y presupuestal para un funcionamiento sostenible.
Así también, se advierte que el personal de atención permanente resulta insuficiente en los CAR básicos y especializados, pues superan la atención límite de 10 niños. Del total, 7 no tienen personal de salud: Aldea Infantil Sagrada Familia, Casa Hogar Amor de Dios, Aldea Infantil Sor Ana de los Ángeles, Casa Hogar Niño Jesús, Asociación Bautista Hogar para menor nueva esperanza – NEW HOPE, Aldeas Infantiles SOS y Santa Aníbal di Francia.
Respecto al personal de psicología, todos los centros de acogida tienen al menos 1 psicólogo, pero de forma itinerante. Lo cual no garantiza un continuo soporte psicoterapéutico. Sobre el personal de Trabajo Social, todos -a excepción de la Casa Hogar San Mateo- cuentan con este profesional que contribuye al proceso de retorno familiar. En cuanto a los educadores, solo el CAR Luz Alba no tiene un encargado del área de educación.
La DEMUNA, el nivel preventivo a medias
La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA) es un servicio gratuito y especializado que forma parte del Sistema Nacional de Atención Integral. Están a cargo de los municipios. Tienen la responsabilidad de identificar los escenarios de riesgo de los niños para evitar su desprotección y sean derivados a los CAR.
De las 29 municipalidades de la provincia de Arequipa, solo 13 tienen la DEMUNA: Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Mariano Melgar, Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, Sabandía, Sachaca, Socabaya, Yarabamba y Yura. El resto asegura estar en proceso.
“No estar acreditadas implica que no tengan una oficina de trabajo, un responsable a cargo, un equipo técnico especializado. Es sencillamente una mesa de partes que no cumple su labor. Cuando está acreditada, esta advierte los escenarios de riesgo de los niños de su jurisdicción” señala el defensor Ángel Manrique.
Según Manrique, los burgomaestres aducen que la pandemia y la falta de presupuesto les impidió instalar estos centros en sus distritos. En ese sentido, hizo un llamado a las nuevas autoridades electas a priorizar la acreditación de la DEMUNAS en las comunas que aún no lo tienen.
La demora de reinserción familiar
Según el artículo 144° del Código de los Niños y Adolescentes, es competencia de la Fiscalía de Familia inspeccionar las entidades públicas y privadas encargadas de brindar atención integral al niño y adolescente.
La fiscal provincial de Familia de Arequipa, Melina Lizágarra Amezquita, sostuvo que durante las visitas realizadas, evidenciaron casos de niños que están 4 a 5 años sin adoptar. Esto se debería a la rigurosidad de las leyes de adopción de nuestro país que duran hasta 3 años.
“Habido un caso en el cual un chico quiso ser adoptado por padres extranjeros, cuando lo lograron después de 3 años y lo llevaron al exterior, el menor se sintió distanciado y pidió ya no ser adoptado, quería volver”, comentó la fiscal Lizárraga.
En tanto, la fiscal superior Coordinadora de las Fiscalías Provinciales de Familia de Arequipa, Virginia Aquize Díaz, señaló que las UPE están desbordadas y esa sería una de las causas por las que hay un mínimo avance de reinserción en las familias.
“No es la situación ideal de un niño estar institucionalizado. Lo ideal es que estén con sus familias. Por eso hemos manifestado la preocupación a la dirección de niñez y adolescencia del MIMP; respecto a que se incrementen los equipos de trabajo con las familias para que los menores vuelvan con sus parientes, a un hogar sano y libre de violencia”, comentó la fiscal Aquize.
Ante ello, desde la defensoría recomiendan fortalecer las políticas y acciones en favor de los niños y adolescentes. Situaciones como las del menor abusado en abril de este año, pudieron evitarse con una buena sinergia en las acciones de protección de menores entre el gobierno local, regional y el Ministerio de la Mujer.
También puedes leer: Jóvenes de 18 años de albergues infantiles en riesgo de perder estudios superiores
Sé el primero en comentar