Pedro Castillo en la cuerda floja ¿Qué dicen representantes arequipeños al respecto?

Desaveniencias de un consejero regional, un representante de la sociedad civil y un especialista

La tarde del martes 11 de octubre, el presidente Pedro Castillo -nuevamente- fue noticia a nivel nacional. La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el mandatario ante el Congreso de la República. A la autoridad se le imputan delitos por – presuntamente- liderar una organización criminal; además de imputarle delitos de tráfico de influencias y colusión.

Algunas autoridades y especialistas de la región Arequipa fueron consultadas sobre las implicancias y percepciones de esta situación que tiene como protagonista al presidente y su entorno.

Antesala

En el corto periodo de 15 meses, el presidente Pedro Castillo acumula seis investigaciones fiscales. Desde tráfico de influencias, colusión agravada, encubrimiento de personal y contra la tranquilidad pública (en el caso del Puente Tarata III). Además de ascensos en las Fuerzas Armadas y adjudicaciones de obras irregulares (en Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima). También estan incluídos funcionarios cercanos al gobierno y familiares del presidente.

Estos antecedentes terminaron por consolidarse en la denuncia que presentó Benavides a la Subcomiscion de Acusaciones Constitucionales. La fiscal señaló “Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno, con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Esta organización es presuntamente liderada por el Presidente de la República, (Pedro) Castillo Terrones”.

El Ministerio Público esta facultado para presentar acusaciones constitucionales. Estas tienen como finalidad determinar si una persona con inmunidad -ya sea presidente o congresistas- han cometido delitos mientras ejercian el cargo público. Sin embargo, esta es la primera vez que un presidente en funciones es denunciado.

La escandalosa situación causó posiciones y opiniones diversas. Hay quienes señalan que la denuncia es inconstitucional. Esto porque la Carta Magna no permite que el presidente sea acusado. Mientras que, los que apoyan la medida indican que está amparada en la Convencion de la Organizacion de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Aquí se establece que la inmunidad presidencial no limita las investigaciones, enjuiciamieto ni sanción. Al respecto, representantes locales se han pronunciado.

Madurez política y dejar el cargo

Para el consejero regional Harberth Zúñiga, la fiscal cumple con su deber y Castillo debe ser acusado. «Desde mi punto de vista creo que si debería proceder, porque [se supone que] la investidura de presidente que tiene Pedro Castillo encarga la Nación y esta no puede estar en ningun momento señalada o sindicada. Según todo lo que se ha dado a conocer, hay implicados que aceptan haber entregado dinero al presidente. De no proceder, si el Presidente de la República mañana comete un delito ¿esperamos a que termine su mandato para procesarlo?», cuestionó el legislador regional.

Según el consejal, el presidente debe priorizar al país y dejar el cargo, pues considera que la denuncia está sustentada en hechos. Debido a esta situación política, las consecuencias son desfavorables para el país. Las inversiones se ahuyentan, el crecimiento se detiene y la crisis se agudiza.

«Se trata del país. Para tomar cargos de elección popular hay que estar preparados para ejercer el poder o para dejarlo si es que ejerciéndolo perjudica a la nación. En este caso, sí, se esta perjudicando a la nación porque no se está inventando nada. Son hechos que han sido corroborables mediante acciones (…) Entonces debe tener madurez y dar un paso al costado y generar el camino para una transición pacífica y democrática», acotó.

Sin temor

Sin embargo, una posición distinta a la del consejero Zúñiga es la del secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa. El dirigente se siente confiado en que la denuncia no prospere, puesto que no hay pruebas que avalen la misma. Además de que la imputación contra Castillo solo respondería a suposiciones sin fundamento.

«Nosotros estamos tranquilos porque estamos seguros que no va pasar nada contra este gobierno, a menos que la fiscal tenga la valentía de enseñar pruebas», refirió Chapa. Al volverse un tema mediático a nivel nacional, el secretario precisa que la denuncia esta politizada.

Sobre el gobierno de Pedro Castillo -hasta el momento- menciona que es regular. «El presidente recién quiere acercarse al pueblo cuando debió hacerlo desde el comienzo», sostuvo el representante de la FDTA.

Disolución del Congreso

Tras la presentación de la denuncia contra el presidente, el premier Aníbal Torres no descartó la posibilidad de disolver el congreso indicando que tienen facultad para ello. Respecto a esto, hay posiciones divididas.

Chapa señaló que dicha medida se pidió desde un principio y debe realizarse. «Que se presente cuestión de confianza, que se pongan los pantalones y que se disuelva este Congreso», enfatizó.

Por su parte, Harberth Zúñiga precisó que es una medida que no se puede aplicar en este caso y de suceder sería salir del orden constitucional. Además, esta propuesta responde al miedo que siente el presidente de que se descubra la verdad, según el consejero.

«No se trata de que un sector apoye fehacientemente el discurso radical o la posición victimaria que asume el presidente. Se trata de decir las cosas como son y creo que se han cometido grosos errores», comentó Zúñiga.

Posibles escenarios

Una vez presentada la denuncia, esta queda totalmente en manos de la Subcomision de Acusaciones Constitucionales donde se podrian dar los siguientes escenarios:

• Un antejuicio contra el presidente, esto quiere decir que se autoriza a la Fiscalía para que acuse al presidente formalmente.
• Un juicio político, que es un mecanismo que ocasionaría la inahibilitación del presidente. Al respecto, la Constitución no faculta un juicio político contra el Presidente de la República, solo menciona traición a la patria, cuando el presidente va en contra de la Constitución.

El abogado Jorge Luis Mamani precisó que si bién hay un proceso que debe seguirse, la fiscal no recurrió a la Constitución para realizar esta denuncia. «Se basó en un tratado anticorrupción, lo cual no es constitucional», concluyó el jurista.

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