Hammer Villena solicitó que solo se exija la resolución de nombramiento en el procedimiento del pago
El secretario regional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) en Arequipa, Hammer Villena, pide al Poder Ejecutivo agilizar la promulgación de la ley que exonera la judicialización para el pago a los docentes de la deuda social.
El último viernes -con 102 votos a favor y con la segunda votación exonerada- el Congreso aprobó la medida. El objetivo es que el procedimiento para exigir el pago sea más rápido.
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La deuda social magisterial se originó tras la omisión -por parte del Estado- del desembolso de la bonificación del 30 % del sueldo mensual de cada profesor por preparación de clases, evaluación, gestiones administrativas, entre otros. Hasta antes de la norma, los docentes debían gestionar engorrosos procesos judiciales para obtener el pago.
Si el Ejecutivo promulga la ley, el Ministerio de Educación (Minedu) deberá elaborar un reglamento con los pasos que seguirán los docentes para tramitar el cobro.
La aprobación de la ley se dio un día después -el 12 de mayo- que el Sutep realizara una marcha preventiva a nivel nacional para que atiendan sus demandas.
Esta es la segunda vez que se aprueba la exoneración de la judicialización del pago de la deuda social. La primera fue durante el gobierno de Francisco Sagasti, pero no se promulgó.
Dudas sobre los requisitos
Al respecto, Villena solicitó al Minedu que solo se exija la resolución de nombramiento emitida por la Ugel que corresponda a cada docente; y que el pago de la deuda se haga en base a la remuneración total.
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Uno de los los requisitos administrativos actuales es la presentación de boletas de pago desde el año de nombramiento del docente. Villena pide que se ya no se solicite este requerimiento debido a que muchos profesores no cuentan con las boletas desde el inicio de su nombramiento. Agregó que cuando los maestros solicitan copias, las Ugeles no responden a sus pedidos.
El representante del Sutep añadió que en Arequipa entre el 30 y 40% de los docentes aún no iniciaron con los trámites por lo engorrosos que eran antes de la aprobación de la nueva ley.
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