Elecciones incrementarán conflictos sociales por intereses políticos

Representante de la defensoría en Arequipa señaló que los mas afectados con esto son los ciudadanos

Los arequipeños siempre se han caracterizado por ser contestatarios. Ahora, que lo peor de la pandemia ya pasó -al menos por el momento- las protestas en el Centro Histórico se retomaron. El pasado 16 de mayo se registraron cinco manifestaciones en un solo día, todas habían sido anunciadas con anticipación; y hasta con invitación a la prensa incluida. Hablamos con el representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, para retomar la discusión sobre los conflictos sociales en la región.

De acuerdo al reporte de la Defensoría del mes de abril, a nivel nacional se han reportado 209 conflictos sociales. ¿Por qué se da esta situación?

Hay un problema de crisis política nacional que va generando una mayor insatisfacción por parte de la población ante la falta de respuesta del estado en los múltiples problemas. Este reporte advierte un importante incremento de conflictos sociales, lo cual tiene que poner en alerta al gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. 

Lo curioso de esto, es que no disminuyen, o aumentan -o se mantienen- de un mes a otro.

Exactamente. Lo que pasa es que en la medida que se tenga una mejor respuesta por parte del estado, se va a reducir el número de conflictividad, pero si no hay una respuesta pertinente lo que va haber es un incremento de conflictos. Y muchos más en este año que es electoral; donde se juntan los intereses políticos y partidarios para lograr algún tipo de protagonismo.

Respecto a las protestas ciudadanas, el reporte indica que hubo 220 (abril) lo que implica una disminución en comparación a marzo ¿Cómo se puede explicar esto?

Lo que pasa es que las protestas ciudadanas están basadas en la problemática local. En algunos casos hay una respuesta inmediata. Por ejemplo, en el caso de Arequipa, hemos visto diferentes protestas referente al sector salud. Esto se debe a dos factores. Uno es el factor político, donde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no tiene una estrategia clara de diálogo -y como Defensoría del Pueblo siempre hemos recomendado eso-. Y otro es por problemas estructurales de la prestación del servicio (..) y eso es muy coyuntural. A veces avanza y a veces retrocede.

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¿Pero por qué las autoridades esperan hasta el último momento para solucionar? por ejemplo el caso de los trabajadores de salud de los hospitales de la ciudad.

Hay que tener en cuenta que nos encontramos en el último año de gestión de las autoridades regionales y locales. En el caso de Arequipa es más grave porque las autoridades han estado involucradas en problemas judiciales. Y esto generó este nuevo gobierno de transición. Y lo que advertimos con preocupación es que este gobierno (Kimmerlee Gutierrez) no conoce la gestión pública. No tiene una estrategia clara de mejora y obviamente esto agudiza las protestas.

Y ahora se ha visto que la autoridad en vez de tratar de solucionar estos problemas los motiva más. El caso más reciente (…) donde trabajadores del hospital Goyeneche protestaron por la destitución de la directora del nosocomio.

A veces la autoridad política regional o local, en vez de solucionar el problema, lo agrava. Y eso se debe a múltiples razones. Principalmente lo que nosotros advertimos como Defensoría del Pueblo es el desconocimiento del Estado.

Cuando una autoridad política no conoce el funcionamiento del Estado, no conoce de gestión pública, del deber que tiene para prestar un mejor servicio al ciudadano, cuando hay ese desconocimiento, lo que genera es que haya más problemas. Por ejemplo, designaciones de personas que no cumplen el perfil o creyendo que por cambiar a una persona se va a cambiar el problema.

En el hospital Goyeneche, hemos tenido 4 directores ¿se ha resuelto el problema? Entonces hay un desconocimiento de las autoridades regionales sobre la gestión pública y eso afecta a los ciudadanos.

¿Cómo debería actuar la autoridad ante estas situaciones? Sobre todo con aquellas manifestaciones que son anunciadas con mucho tiempo de anterioridad.

Nosotros como Defensoría del Pueblo siempre hemos advertido que debemos tener una estrategia de prevención. En esta semana por ejemplo, ha habido una protesta en Camaná (*); justamente porque hay obras paralizadas por parte del GRA, y que el propio GRA sabía que estaban paralizadas.

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Cuando nosotros hemos intervenido, a mí me han informado “doctor, ya se tiene un plan de estrategia de salida para reactivar la obra de Callalli [infraestructura educativa] o la obra de agua y desagüe en Camaná” ya habían avanzado, pero no se informó a los ciudadanos; lo que generó su incomodidad. Si la autoridad política no tiene una estrategia de prevención -y a partir de eso de información a los ciudadanos- se generan las protestas y luego los conflictos.

¿Debe haber alguna entidad que apoye a la autoridad? Porque a veces se ve que no tienen un buen manejo de los conflictos.

Nosotros como Defensoría del Pueblo siempre hemos recomendado y en algunos casos se han implementado, en que cada gobierno regional debe tener un área de prevención de conflictos. Pero la mejor estrategia de prevención es a través del diálogo. El Estado, la autoridad tiene que acercarse al ciudadano e informarle sobre la situación real y las acciones que se van hacer en el corto y mediano plazo. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad, pero a veces no cumplen con ese deber.

¿Tienen las autoridades estas oficinas de prevención de conflictos?

Si, tienen un área de prevención de conflictos en la sede regional, pero en este año les esta sobrepasando todo. Es un año complejo porque es fin de gestión, ya inició la campaña electoral. Nuestra invocación es que se actúe de manera preventiva, fortaleciendo el diálogo con los ciudadanos para evitar cualquier tipo de protesta.