“Cuando di mi DNI, los tres miembros de mesa me miraron y analizaron durante varios minutos (...) Hasta que uno de ellos me preguntó: ‘¿Por qué vienes vestida así? ¿Por qué eres ahombrada? ¿Por qué quieres ser hombre? Se nos hace difícil reconocerte ¿Sabes?’". Este es el testimonio de un hombre trans recogido en el informe nacional 'No Tengo Miedo' realizado por la organización trans Féminas en las elecciones generales del 2016.
Ejercer el derecho al voto es una actividad sin complicaciones para la mayoría de personas en el Perú. Sin embargo, las mujeres y hombres trans temen que al acudir a sus lugares de votación sean juzgados o violentados por expresar libremente su identidad de género.
“Me dijeron que no era la persona de mi foto. Les expliqué que cambio de cabello cada dos meses y me dijeron que debería quedarme con la foto de mi DNI porque me veía más señorita”. Testimonios como este abundan en la vida cotidiana de las personas trans, y también en distintos estudios y documentos.
La realidad sin protocolos
Según el informe “No Tengo Miedo, Féminas y DTM (…)” -elaborado en 2016 por varios colectivos trans en el Perú- de 155 encuestados, 39 reportaron haber sufrido actos de discriminación cuando acudieron a su centro de votación.
“Creyeron que no era yo, me observaron de pies a cabeza, pero al final concluyeron que sí era yo, porque mi foto aunque antigua, aún conserva ciertos rasgos”.
Según Leyla Huertas -activista trans Féminas Lima- en el Perú existirían 20 mil personas trans, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Cayetano Heredia.
El estudio “II Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Población LGBT” -realizado por la encuestadora IPSOS y el Ministerio de Justicia en 2019- reveló que los peruanos reconocen que la población LGBT (incluida la comunidad trans) es una de las que más sufre discriminación.
En ese sentido, el 8 de marzo del 2020, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), elaboró -en coordinación con IDEA Internacional, Más Igualdad y comunidades trans- el “Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral”.
Para Claudia Mostajo, comunicadora especialista en Derechos Humanos, la iniciativa no garantiza el respeto del voto trans porque desde el estado no se promueve el involucramiento de todos los sectores. Sin embargo, reconoce que es un primer paso para el respeto a las personas y su identidad sexual.
Cabe señalar que en Latinoamérica, ya son cuatro los protocolos que garantizan el voto de las personas trans (México, Colombia, Chile y Perú).
¿Qué dice el protocolo?
El documento, en su primera versión del 2021, menciona que para dirigirse a las personas trans, se debe emplear su apellido o número de DNI “por ejemplo: la persona con DNI Nro. 12345678 o la persona que se apellida ABC”.
Si esta información es desconocida, “se deberá recurrir al uso de un pronombre personal neutro como ‘usted’ y preguntar, por ejemplo, Me gustaría ser respetuoso, ¿Cómo puedo dirigirme a usted?, ¿Con qué nombre usted se identifica?”. Además propone evitar el uso de términos como “señor”, “señora” o “joven”. Asimismo, debe evitarse comentarios, expresiones, gestos de burla o rechazo sobre la apariencia física de la comunidad trans.
Se deberá colocar afiches informativos para respetar el voto trans en todos los locales de votación. Finalmente, las instituciones involucradas deben informar a las personas trans sobre la ruta de presentación de quejas. Las denuncias realizadas permitirán mejorar el protocolo para las próximas jornadas electorales.
De suceder algún hecho antes mencionado o acciones que impidan el libre ejercicio al sufragar, se deberá comunicar al Ministerio Público.
También, en el protocolo se puntualiza que las impugnaciones del voto de alguna persona trans no deben basarse en prejuicios ni estereotipos de género. Y en el caso de que se compruebe que los votos fueron impugnados bajo estos últimos criterios, el personero estaría incurriendo en un acto de discriminación.
Para Mostajo estos agentes electorales “podrían ser pasibles a sanciones administrativas y penales, dependiendo del agravio. Cuando se le impide el voto a alguien, quien quiera que fuera, se esta incurriendo en discriminación. [Según] El artículo 323 del código penal”.
Por su parte, la activista trans Ana Flavia Chávez Pedraza considera -respecto a las impugnaciones- que si la fotografía del DNI no concuerda con la imagen del elector trans sería comprensible cuestionar la identidad de la persona. Sin embargo “no se debe anular el derecho al voto. se debe comprobar con los documentos necesarios”.
Observaciones
La implementación y actualización de este protocolo representa un avance en la igualdad de género y un trato más equitativo para todas las personas, de acuerdo a la opinión de Claudia Mostajo, especialista en Derechos Humanos.
Para la activista y representante nacional trans en Arequipa, Ana Flavia Chavez Pedraza, la medida de utilizar el apellido de la personas en lugar de utilizar un pronombre como “ella” – en su caso porque se identifica como una mujer trans-, “termina siendo una discriminación tácita. Se dice que tienen que llamar a la persona por el apellido o por el número de DNI. Eso invisibiliza a la persona trans de su identidad de género (…) Queremos que nos digan amigas, compañeras”.
Para ella, esta ambigüedad genera confusión porque aparentemente no se habría aplicado correctamente el enfoque de género. Además, sostiene que la ONPE debió trabajar la implementación de este protocolo conjuntamente con el Ministerio de la Mujer.
Por su parte, la activista trans mollendina Tonika Choque observó que estas medidas no se comuniquen adecuadamente.
“Aquí no llega muy clara la información. Yo por ejemplo sé [sobre el tema] porque lo vi por televisión. Sabemos que pueden estar bien informadas las -compañeras- capitalinas o de las [capitales de] regiones pero es diferente en los anexos, distritos y provincias”.
Para Tonika, las compañeras trans mayores que no están tan familiarizadas con la tecnología -por desconocimiento- no pueden gozar plenamente de sus derechos políticos si únicamente se difunde la información por internet o redes sociales.
Considerando que la primera versión del protocolo salió en el 2021, cuando aún el país atravesaba la pandemia, se debe tomar en cuenta todos los canales de comunicación posibles.
Ley de Identidad de Género
Frente a la realidad que atraviesan miles de personas trans que son propensas a sufrir actos transfóbicos cuando quieren ejercer su voto, se cuestiona el porqué la inexistencia de una Ley de Identidad de Género en el Perú.
La aprobación del proyecto de ley 00790/2016-CR- se encuentra en espera desde 2016. Este permitiría a las personas transexuales y transgénero el derecho a cambiar su nombre y sexo en el DNI.
Ana Flavia Chavez Pedraza sostiene que no contar con esta ley las relega a vivir actos discriminatorios. Desde el acceso a la atención en salud con enfoque de género, que incluya un tratamiento especializado en base a sus necesidades físicas y psicológicas, hasta el acceso al mundo laboral.
“Las personas trans somos las únicas que no tenemos derecho a la identidad. Porque en mi DNI aun dice que mi sexo es masculino y que mi nombre no es Ana Flavia [en el documento]. Queremos tener un trabajo digno, decente y no vivir prostituyéndonos en las calles. No vivir presas de la trata de personas. No vivir presas de las adicciones al alcohol y las drogas; porque la depresión que genera la discriminación es muy fuerte. Esas son nuestras necesidades”.
El testimonio de Karla Cayani, activista trans en la organización Féminas Arequipa es una muestra más de la precaria situación laboral y la desventaja económica que enfrentan algunas personas trans por expresar abiertamente su expresión de género.
“La ley de Identidad de género propone que la mujer trans sea reconocida como una mujer diversa. Que nuestros derechos sean respetados ante la sociedad. Que ni mis compañeras ni yo tengamos que pasar por agresiones, atropellos, faltas de respeto y vulneraciones por nuestra identidad y expresión de género”. contó Karla anteriormente a nuestro medio de comunicación.
Tener una normativa que vele por los derechos y reconozca legalmente a las personas trans les brindaría la oportunidad de ir a votar sin el temor de vivir actos transfóbicos y discriminatorios. La aprobación de La Ley de Identidad de Género es una deuda pendiente que tiene el gobierno peruano con miles de personas trans.
Bonus track
Para la especialista en derechos humanos, Claudia Mostajo, «lo ideal es que se reconozca a las personas por su autodeterminación, las instituciones públicas están obligadas por tratados internacionales a promover el respeto de las personas trans».
Mostajo se refiere a que el Perú siendo miembro de La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que – según sus lineamientos- debe garantizar el derecho de las personas LGBTI en la participación política y democrática. Estos últimos señalados en el artículo 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
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