La Policía Anticorrupción y el Ministerio Público allanaron el domicilio del gobernador Rohel Sanchez, para recolectar documentación sobre el presunto delito de tráfico de influencias que involucra a su esposa, Luz Marina Zeballos. El caso está abierto desde abril, cuando se difundieron chats en los que pedía la contratación a dedo de gente que apoyó la campaña política de Sánchez.
Luego de casi nueve meses, el personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) en conjunto con el Ministerio Público allanaron la casa del gobernador Rohel Sánchez, ubicada en Cerro Colorado, y la de un ex funcionario de confianza en José Luis Bustamante y Rivero. La finalidad de la intervención fue ubicar y decomisar documentación relacionada al presunto delito de tráfico de influencias que habría cometido Luz Marina Zeballos, su esposa. Investigación que inició en abril, cuando se difundieron chats de Whatsapp en los que pedía la contratación de gente que apoyó en la campaña de Sánchez. El operativo inició a las 9 de la noche de este miércoles y culminó a las 2 de la madrugada del jueves. De acuerdo a las primeras informaciones, se decomisaron tres memorias USB, documentos, un celular (que sería de Zeballos), y una computadora más impresora.
Los chats de “La patrona”
En abril se filtraron unos chats de WhatsApp de Luz Marina Zeballos, en los que se comprobaba el nivel de influencia que tenía en la contratación de trabajadores y proveedores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Mediante su red social contactaba con gerentes y funcionarios para proporcionar los datos —curriculums vitaes— de aquellos individuos que apoyaron con donativos la campaña de Rohel Sánchez.
Cuando se filtraron las conversaciones se hicieron públicos los nombres de aquellas personas que había recomendado. Su único mérito era que habían hecho algún tipo de donación para la campaña electoral de Rohel Sánchez. Por ejemplo, Stevan Ortiz La Torre fue recomendado para el área de Logística. Según el reporte de gastos de campaña proporcionado por la ONPE, hizo la donación de 3.495 soles en bienes publicitarios como banners o volantes. Otro personaje es Alonso Andia, quien hizo entrega de banners y cenas de confraternidad valorizadas en 2.500 soles. De acuerdo con el reporte de la ONPE, él llegó a ocupar el puesto de jefe del área Logística del GRA.
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Investigación fiscal
Precisamente, el fiscal provincial a cargo del caso, Arthuro Valencia Paiva, confirmó que también se realizó un allanamiento al inmueble de Alonso Andia, ubicado en el distrito de Bustamante y Rivero. El ex encargado de Logística fue cuestionado por medios locales sobre el caso en el mes de abril, cuando explotaron los “Chats de La patrona”, y en esa oportunidad denunció la existencia de hostigamiento por parte de la esposa del gobernador para contratar determinados proveedores. Según sus declaraciones, el constante hostigamiento causó su renuncia al cargo.
Además, Luz Marina Zeballos tenía un grupo de funcionarios en los cual se apoyaba para proponer la contratación de trabajadores y proveedores. En este estaban los anteriormente mencionados Stevan Ortiz y Alonso Andia. Pero también se debe incluir a Franco Navarro, ex Consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), que en campaña donó 730 soles. Y Carlos Tejada Diaz, ex consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), aportó con 3.550 soles para banners y cenas de confraternidad.
Gobernador saca cintura
La tarde del jueves el GORE Arequipa se pronunció mediante un comunicado. En este expresan que el gobernador regional no está involucrado en las investigaciones que realizan la Dicocor y el Ministerio Público desde abril. También indicaron que brindaran todas las facilidades para que los órganos competentes puedan realizar una investigación transparente. Aunque esto suena como una manera de desentenderse del tema por parte del Rohel Sánchez. Dejando a su esposa sola para afrontar las investigaciones.
Causó extrañeza en la población que el caso vuelva a ser noticia, puesto que, han pasado ocho meses y medio desde el reporte del presunto hecho fraudulento del cual fue parte la cónyuge del gobernador. En su momento el Consejo Regional no abrió una comisión para investigar el caso, pues indicaron que las pruebas carecían de fiabilidad o faltaba información. Con esta nueva intervención, el consejero regional, Antonio Llerena, señaló que posiblemente se han presentado nuevos indicios o pruebas para que la fiscalía tome acciones contundentes. Aunque no dijo si pedirá una investigación desde el parlamento regional.
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